El sindicalismo clasista y militante: Única opción democrática y descolonizadora
Por José A. Laguarta Ramírez
Tomado de Claridad.
En la edición de Claridad del 12 al 18 de marzo de 2009, mi buen amigo, el profesor y abogado sindical César Rosado publicó un breve artículo titulado “El Sindicalismo Voluntario: Útil, Democrático y Descolonizador” en el que propone que el movimiento obrero cabildee, tanto en Puerto Rico como Estados Unidos, para eliminar la representación exclusiva a favor de un modelo que él llama “sindicalismo voluntario”. Esta respuesta tiene la intención de aportar al debate crítico y serio al que llama el compañero.
Empezaré por dejar claro los puntos en los que coincidimos.
Primero, coincido con el enfoque claramente internacionalista que aplica el compañero, y su crítica al nacionalismo facilongo de quienes anteponen la oposición al “colonialismo sindical” a la solidaridad internacional de la clase trabajadora.
Segundo, coincido con la voluntad democrática y descolonizadora del compañero. Independientemente de nuestra crítica al nacionalismo ciego, el colonialismo sindical es una realidad, que ha sido abundantemente estudiada, y que en Puerto Rico se entrelaza con nuestra realidad política colonial para restarle poder al pueblo.
Finalmente, coincido con la crítica a la fetichización de la representación exclusiva, y con el reconocimiento del papel histórico que han jugado en Puerto Rico las llamadas organizaciones bona fide (OBF).
Por razones de espacio y de enfoque, dejaré a un lado, por ahora, mis diferencias con la supuesta neutralidad asumida por Rosado en cuanto a las elecciones del Departamento de Educación. Digo supuesta, no por acusarle de ser intencionalmente deshonesto, lo cual me consta que no es, sino porque el efecto de asumir el discurso de la neutralidad en este caso favorece al Patrono-SEIU-SPM, aparentando equiparar cosas que sencillamente no son equiparables.
El compañero propone superar los conflictos causados por la representación exclusiva con un modelo de “sindicalismo voluntario”, en el que los trabajadores y trabajadoras se afilien al sindicato de su preferencia, y cada uno de éstos a su vez negocie directamente con el patrono. Esta propuesta, nos dice, “aumentaría la democracia industrial y sindical en nuestro país” ya que los trabajadores que no pertenezcan a la unión mayoritaria no estarían sometidos a la “tiranía de la mayoría”, y a la vez se “amortiguaría” el problema de la piratería sindical, pues las uniones no se verían incentivadas a usurpar los talleres de otras uniones en busca de cuotas.
Sin embargo, Rosado no elabora su propuesta, propiciando así una gran confusión sobre un asunto medular. A saber: ¿de qué tipo de sindicalismo voluntario estamos hablando?
En algunos estados del sur de los EE.UU. existen leyes estatales conocidas como Right to Work (RTW), expresamente permitidas por la Ley Taft-Hartley, que prohíben acuerdos entre el patrono y la unión imponiendo el pago de cuotas sindicales como un requisito de empleo. Ello ha sido devastador para los sindicatos, pues les arrebata importantes recursos, y propicia el “free-riding”. No obstante, los defensores de estas leyes las justifican en un lenguaje peligrosamente similar al que usa el compañero (“derecho a trabajar”, impedir “la tiranía de la mayoría”, etc.), por lo cual la claridad aquí es particularmente necesaria.
Conociendo al compañero, me inclino a pensar que favorecería un sistema parecido al que existe en algunos países de Europa y Latinoamérica, donde diferentes sindicatos acuden a la mesa de negociación, con representación proporcional al por ciento de los trabajadores del taller que representan, pero donde todos están representados, y se negocia un solo convenio para todos. Sin embargo, tampoco se expresa claramente sobre esto. Desarrollar un sistema tan complejo en Puerto Rico, tras décadas de leyes y prácticas laborales marcadamente distintas, sería un proceso lento y complicado, pero Rosado no nos ofrece mucha ayuda en ese renglón tampoco.
No obstante la larga y honrosa historia de lucha de algunas OBF (como la FMPR en sus comienzos, y en la actualidad), el fenómeno nunca fue tan abarcador, ni tan sencillo, como el compañero parece pensar. Por el contrario, el taller unionado en Puerto Rico es una conquista histórica de la clase trabajadora, que amortigua las muchas trabas que siempre se le han impuesto, y que un esquema voluntario difícilmente puede compensar.
Rosado, además, plantea que “en el caso del servicio público de Puerto Rico nunca ha existido falta de incentivos para que los trabajadores se unan en una organización laboral,” por el hecho de que siempre han existido las OBF, contrario al sector privado, donde la Ley Taft-Hartley impone la representación exclusiva. Sin embargo, la “falta de incentivos” para la sindicación, tanto en Puerto Rico como en los EE.UU., en el sector público como en el privado, no es producto de la representación exclusiva, sino de la incrementada ofensiva patronal que se ha experimentado desde mediados de los 1980, y la aplicación cada vez más rigurosa de disposiciones laborales punitivas (como la Ley 45).
Indudablemente, la inmensa mayoría de los trabajadores del sector privado en Puerto Rico y en los EE.UU. ni siquiera están sindicados. Es necesario promover alternativas al estado de derecho actual que faciliten la sindicación y a la vez estimulen la democracia sindical. El Employee Free Choice Act es una posibilidad a nivel federal que beneficiaría también a los trabajadores puertorriqueños. Pero eliminar la representación exclusiva, sin analizar cuidadosamente lo que ello conlleva, ni proveer alternativas claras, no puede ser una opción.
La representación exclusiva no es buena ni mala de por sí. Lo importante es cómo y para qué se usa. Sobre todo en estos tiempos, cuando de un plumazo se acaban de abrogar todos los derechos de los trabajadores del sector público (mientras continúan pagándose jugosos salarios a asesores y sub-contratos a compañías privadas), lo que necesitamos no son propuestas formalistas, sino desarrollar un proyecto político propio de la clase trabajadora, que sea capaz de pararles el caballito a los colmillús, tanto aquí como allá.
*Agradezco al Lcdo. Ricardo Santos Ortiz por sus atinadas observaciones, y al Lcdo. Rosado Marzán por esclarecer algunos de sus planteamientos.
José A. Laguarta Ramírez es estudiante de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico y miembro de la Junta Editora de la Revista Apuesta.
Por José A. Laguarta Ramírez
Tomado de Claridad.
En la edición de Claridad del 12 al 18 de marzo de 2009, mi buen amigo, el profesor y abogado sindical César Rosado publicó un breve artículo titulado “El Sindicalismo Voluntario: Útil, Democrático y Descolonizador” en el que propone que el movimiento obrero cabildee, tanto en Puerto Rico como Estados Unidos, para eliminar la representación exclusiva a favor de un modelo que él llama “sindicalismo voluntario”. Esta respuesta tiene la intención de aportar al debate crítico y serio al que llama el compañero.
Empezaré por dejar claro los puntos en los que coincidimos.
Primero, coincido con el enfoque claramente internacionalista que aplica el compañero, y su crítica al nacionalismo facilongo de quienes anteponen la oposición al “colonialismo sindical” a la solidaridad internacional de la clase trabajadora.
Segundo, coincido con la voluntad democrática y descolonizadora del compañero. Independientemente de nuestra crítica al nacionalismo ciego, el colonialismo sindical es una realidad, que ha sido abundantemente estudiada, y que en Puerto Rico se entrelaza con nuestra realidad política colonial para restarle poder al pueblo.
Finalmente, coincido con la crítica a la fetichización de la representación exclusiva, y con el reconocimiento del papel histórico que han jugado en Puerto Rico las llamadas organizaciones bona fide (OBF).
Por razones de espacio y de enfoque, dejaré a un lado, por ahora, mis diferencias con la supuesta neutralidad asumida por Rosado en cuanto a las elecciones del Departamento de Educación. Digo supuesta, no por acusarle de ser intencionalmente deshonesto, lo cual me consta que no es, sino porque el efecto de asumir el discurso de la neutralidad en este caso favorece al Patrono-SEIU-SPM, aparentando equiparar cosas que sencillamente no son equiparables.
El compañero propone superar los conflictos causados por la representación exclusiva con un modelo de “sindicalismo voluntario”, en el que los trabajadores y trabajadoras se afilien al sindicato de su preferencia, y cada uno de éstos a su vez negocie directamente con el patrono. Esta propuesta, nos dice, “aumentaría la democracia industrial y sindical en nuestro país” ya que los trabajadores que no pertenezcan a la unión mayoritaria no estarían sometidos a la “tiranía de la mayoría”, y a la vez se “amortiguaría” el problema de la piratería sindical, pues las uniones no se verían incentivadas a usurpar los talleres de otras uniones en busca de cuotas.
Sin embargo, Rosado no elabora su propuesta, propiciando así una gran confusión sobre un asunto medular. A saber: ¿de qué tipo de sindicalismo voluntario estamos hablando?
En algunos estados del sur de los EE.UU. existen leyes estatales conocidas como Right to Work (RTW), expresamente permitidas por la Ley Taft-Hartley, que prohíben acuerdos entre el patrono y la unión imponiendo el pago de cuotas sindicales como un requisito de empleo. Ello ha sido devastador para los sindicatos, pues les arrebata importantes recursos, y propicia el “free-riding”. No obstante, los defensores de estas leyes las justifican en un lenguaje peligrosamente similar al que usa el compañero (“derecho a trabajar”, impedir “la tiranía de la mayoría”, etc.), por lo cual la claridad aquí es particularmente necesaria.
Conociendo al compañero, me inclino a pensar que favorecería un sistema parecido al que existe en algunos países de Europa y Latinoamérica, donde diferentes sindicatos acuden a la mesa de negociación, con representación proporcional al por ciento de los trabajadores del taller que representan, pero donde todos están representados, y se negocia un solo convenio para todos. Sin embargo, tampoco se expresa claramente sobre esto. Desarrollar un sistema tan complejo en Puerto Rico, tras décadas de leyes y prácticas laborales marcadamente distintas, sería un proceso lento y complicado, pero Rosado no nos ofrece mucha ayuda en ese renglón tampoco.
No obstante la larga y honrosa historia de lucha de algunas OBF (como la FMPR en sus comienzos, y en la actualidad), el fenómeno nunca fue tan abarcador, ni tan sencillo, como el compañero parece pensar. Por el contrario, el taller unionado en Puerto Rico es una conquista histórica de la clase trabajadora, que amortigua las muchas trabas que siempre se le han impuesto, y que un esquema voluntario difícilmente puede compensar.
Rosado, además, plantea que “en el caso del servicio público de Puerto Rico nunca ha existido falta de incentivos para que los trabajadores se unan en una organización laboral,” por el hecho de que siempre han existido las OBF, contrario al sector privado, donde la Ley Taft-Hartley impone la representación exclusiva. Sin embargo, la “falta de incentivos” para la sindicación, tanto en Puerto Rico como en los EE.UU., en el sector público como en el privado, no es producto de la representación exclusiva, sino de la incrementada ofensiva patronal que se ha experimentado desde mediados de los 1980, y la aplicación cada vez más rigurosa de disposiciones laborales punitivas (como la Ley 45).
Indudablemente, la inmensa mayoría de los trabajadores del sector privado en Puerto Rico y en los EE.UU. ni siquiera están sindicados. Es necesario promover alternativas al estado de derecho actual que faciliten la sindicación y a la vez estimulen la democracia sindical. El Employee Free Choice Act es una posibilidad a nivel federal que beneficiaría también a los trabajadores puertorriqueños. Pero eliminar la representación exclusiva, sin analizar cuidadosamente lo que ello conlleva, ni proveer alternativas claras, no puede ser una opción.
La representación exclusiva no es buena ni mala de por sí. Lo importante es cómo y para qué se usa. Sobre todo en estos tiempos, cuando de un plumazo se acaban de abrogar todos los derechos de los trabajadores del sector público (mientras continúan pagándose jugosos salarios a asesores y sub-contratos a compañías privadas), lo que necesitamos no son propuestas formalistas, sino desarrollar un proyecto político propio de la clase trabajadora, que sea capaz de pararles el caballito a los colmillús, tanto aquí como allá.
*Agradezco al Lcdo. Ricardo Santos Ortiz por sus atinadas observaciones, y al Lcdo. Rosado Marzán por esclarecer algunos de sus planteamientos.
José A. Laguarta Ramírez es estudiante de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico y miembro de la Junta Editora de la Revista Apuesta.
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