"No les tenemos miedo" (Foto: Indymedia).

Ambiente en Villas del Sol
Verónica González

Tomado de El Nuevo Día.

Dentro de un escenario plagado de violencia, xenofobia y marginación, el desalojo de los residentes de Villas del Sol encontró como argumento de apoyo la inundabilidad de los terrenos.

Históricamente, los reclamos de vivienda segura y protección de los valles inundables han sido formulados por los movimientos sociales y ambientales. No obstante, en un intento de justificar el desplazamiento de los residentes de Villas del Sol, es ahora el Estado quien se opone a la construcción en terrenos inundables.

Por supuesto, ésta no es la primera vez que el Estado se apropia del discurso ambiental para favorecer intereses privados ajenos a las necesidades del pueblo.

Lo vimos tan recientemente como en el debate sobre el Fideicomiso de la Tierra del Caño Martín Peña.

Ante el desmantelamiento del Fideicomiso, hubo quien, a modo de denuncia, dijo que los residentes ocupaban bienes de dominio público y que han sido responsables por la degradación del Caño.

Resulta interesante que el Estado parece adoptar el discurso ambiental en situaciones que afectan a grupos económicamente desaventajados.

Cuando entidades económicamente poderosas invaden terrenos que no les pertenecen, como lo es la zona marítimo-terrestre, sus acciones frecuentemente son validadas a través del proceso de permisos.

Cuando proyectistas desean construir en terrenos inundables, el Gobierno acude a la tecnología, habilita la tierra, y aprueba la construcción. Pero por alguna razón, cuando los beneficiarios son personas pobres, la situación parece ser diferente.

No podemos aceptar que se use el discurso ambiental para atropellar los derechos de los pobres. La acción contra los residentes de Villas del Sol es incompatible con el reclamo de justicia social, inseparable de la protección medioambiental.

Verónica González es abogada de la Asociación Nacional de Derecho Ambiental (ANDA).